El Instituto Electoral de Tamaulipas avanza en el cierre del proceso electoral del pasado domingo, que definirá la renovación del poder judicial del Estado. Con el 86.5% de las actas computadas —es decir, 2,135 de un total de 2,466 casillas—, el conteo refleja un dato que no puede pasarse por alto: el 39.9% de los votos han sido declarados nulos. De los más de 3.2 millones de sufragios capturados hasta el momento, casi 1.3 millones no fueron válidos.
Este porcentaje de votos nulos, inusualmente alto, plantea serias preguntas sobre la claridad del proceso electoral, la comprensión del electorado y la eficacia de la comunicación institucional previa a los comicios. ¿Se trató de una confusión generalizada ante una boleta mal diseñada? ¿Hubo una falta de información adecuada para el votante? ¿O es esto una forma de protesta silenciosa de un electorado desencantado con el sistema?
Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que este fenómeno no puede ser tratado como una simple estadística. Un voto nulo es, en esencia, una voluntad política no canalizada correctamente. Y cuando se trata del 40% del total, deja de ser anecdótico y se convierte en un síntoma de alerta.
El trabajo del Instituto Electoral no termina con el conteo. Una vez se declare la validez del proceso, deberá impulsarse una revisión seria y profunda que explique con claridad a qué se debió este alto índice de votos nulos. No solo por respeto a la democracia, sino también para evitar que esta situación se repita en futuras elecciones. La legitimidad no se construye únicamente con urnas abiertas, sino con una ciudadanía plenamente informada y capaz de ejercer su derecho con claridad.
Esta elección además de definir quienes serán los jueces y magistrados; sentará las bases para un sistema electoral más claro, más eficiente y, sobre todo, más cercano al ciudadano. Porque la voluntad popular no debe perderse en una boleta mal entendida.
