El pago de utilidades es un derecho por ley y se tiene hasta el 30 de mayo para personas morales y el 30 de junio para personas físicas para cumplirlo

En un ejercicio de responsabilidad y justicia social, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, anunció que durante la temporada de reparto de utilidades, se ha implementado una vigilancia especial para garantizar que las empresas y personas físicas cumplan con esta prestación laboral obligatoria.

Siguiendo la visión humanista del Gobierno de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya, señaló que se busca que las y los trabajadores reciban este derecho que marca la ley y que representa un reconocimiento justo a su esfuerzo y participación en la productividad de las empresas.

El pago de utilidades es un derecho consagrado en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulado por la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que toda persona trabajadora que haya generado utilidades para su empleador tiene derecho a recibir una parte proporcional.

La Dirección de Inspección y Previsión Social es la encargada de supervisar que esta prestación se otorgue en tiempo y forma. En caso de incumplimiento, las empresas podrían ser acreedoras a sanciones. La fecha límite para realizar este pago es el 30 de mayo para personas morales (empresas) y el 30 de junio para personas físicas (empleadores individuales).

Illoldi Reyes también hizo un llamado a las y los trabajadores a acudir a los Centros de Conciliación Laboral en caso de detectar alguna anomalía o irregularidad, o de sentirse afectados o no percibir esta prestación.

Las personas trabajadoras pueden acudir a cualquiera de los diez centros de conciliación en el estado, los cuales se encuentran en los municipios con mayor densidad poblacional y también en Miguel Alemán, Tula y San Fernando, donde se les brindará asesoría gratuita, humana y con sentido de justicia, señaló.

Por último, dijo, que con estas acciones, el gobierno humanista de Tamaulipas, reafirma su compromiso con el respeto a los derechos laborales y la construcción de un estado donde el bienestar y la dignidad de las personas sean prioridad.