El ciclo de Irving Barrios Mojica al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado llega a su término, y con él, se cierra una etapa marcada por la prolongación de inercias heredadas del sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca. Su permanencia, más que un acto de continuidad institucional, fue percibida como un blindaje político, una extensión de poder que sirvió más para proteger intereses que para procurar justicia.
Durante estos años, la Fiscalía operó bajo una sombra de sospecha. La selectividad en la acción penal, el silencio ante casos emblemáticos y la aparente pasividad frente a redes de corrupción dejaron una estela de desconfianza ciudadana. La justicia, en lugar de ser un pilar del Estado de Derecho, pareció convertirse en un instrumento de encubrimiento.
Hoy, con la convocatoria emitida por el Congreso del Estado para designar a un nuevo fiscal, se abre una oportunidad histórica: la de recuperar la legitimidad de una institución clave para la vida democrática. No basta con cumplir requisitos de forma —ser mexicano por nacimiento, tener 35 años y una década de experiencia jurídica—. Lo que Tamaulipas necesita es una figura con independencia probada, compromiso ético y valentía para enfrentar a quienes han hecho del poder un escudo para delinquir.
El reto es mayúsculo. La nueva Fiscalía debe ser capaz de desmontar pactos de impunidad, investigar sin filias ni fobias, y garantizar que el brazo de la ley alcance a quienes, amparados en el poder, traicionaron la confianza pública. No se trata de una revancha política, sino de restaurar el equilibrio entre legalidad y justicia.
El Congreso tiene la responsabilidad de no convertir este proceso en una simulación. La ciudadanía exige transparencia, perfiles idóneos y un compromiso real con la transformación institucional. La Fiscalía no puede seguir siendo refugio de intereses ajenos al bien común.
Es tiempo de que la justicia en Tamaulipas deje de mirar hacia arriba y comience a mirar de frente a la sociedad.
