La derogación del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, formalizada con la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicada el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, marca el cierre de una política pública que desde su origen estuvo rodeada de controversia. Con ello, el Gobierno de México pone fin definitivo a la regularización de los llamados autos “chocolate”, una práctica que permaneció vigente por más de cuatro años y que dejó más dudas que certezas.
Si bien el decreto impulsado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se justificó bajo el argumento de ordenar el parque vehicular, otorgar certeza jurídica a los propietarios y tener identificadas unidades que ya circulaban de manera irregular, los resultados fueron, en el mejor de los casos, ambiguos. Lejos de resolver el problema de fondo, la regularización incentivó la importación ilegal de vehículos, afectó a la industria automotriz nacional y generó una competencia desleal para quienes sí cumplen con las normas fiscales y ambientales.
Además, el programa evidenció una falta de visión integral en materia de movilidad y medio ambiente. Muchos de los vehículos regularizados no cumplían con estándares mínimos de seguridad ni de emisiones contaminantes, lo que tuvo un impacto negativo en la calidad del aire y en la seguridad vial. En lugar de apostar por un modelo de transporte más eficiente y sustentable, se optó por una medida de corto plazo con fines políticos y recaudatorios limitados.
La cancelación del decreto representa una oportunidad para corregir el rumbo, pero también deja al descubierto la necesidad de una política pública clara, coherente y de largo alcance. El reto para la actual administración no será solo cerrar este capítulo, sino ofrecer alternativas reales que atiendan el rezago en movilidad, fortalezcan el estado de derecho y eviten que la irregularidad vuelva a convertirse en una solución tolerada por el propio Estado.
