El dinero del pueblo es sagrado
Durante los años de la pandemia, cuando el país entero enfrentaba una crisis sanitaria sin precedentes, algunos presidentes municipales en Tamaulipas aprovecharon el caos administrativo y el debilitamiento de los mecanismos de control para hacer uso discrecional —y en muchos casos, indebido— de los recursos públicos. Lo hicieron, además, con la complicidad de funcionarios del tristemente célebre régimen de los Vientos del Cambio, una administración que prometió transformar al estado, pero terminó marcada por la opacidad y la sospecha.
Hoy, esa impunidad comienza a resquebrajarse. La reciente decisión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de instruir a la Auditoría Superior del Estado para profundizar en la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022, es una señal clara de que el manto de protección que cubría a muchos exfuncionarios comienza a levantarse.
Y no es una acción aislada. Tras analizar los informes derivados de la fiscalización de la cuenta pública 2021, se detectaron omisiones graves al artículo 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, lo que ya había motivado la presentación de una denuncia formal por parte de la Legislatura anterior. Hoy, el mandato al Auditor Superior para que se integren las carpetas de investigación correspondientes y, de ser el caso, se presenten denuncias administrativas o penales, abre la puerta para que al fin haya consecuencias.
Esta decisión legislativa está en sintonía con la política de cero tolerancia a la corrupción impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha reiterado que el dinero del pueblo es sagrado. Y tiene razón. No hay transformación posible si no se parte del respeto a los recursos públicos y del castigo ejemplar a quienes abusan del poder para su beneficio personal.
La ciudadanía ha sido testigo por años de cómo los discursos de rendición de cuentas se han quedado en buenas intenciones. Por eso, hoy más que nunca, es necesario que las investigaciones se lleven hasta sus últimas consecuencias y no se conviertan en una simulación más.
La justicia no debe tener colores ni plazos políticos. Si hubo desvíos, omisiones o actos de corrupción, deben castigarse sin importar el cargo, el partido o el tiempo que haya pasado. Porque solo así se podrá recuperar la confianza en las instituciones y dignificar el servicio público.
