ANTE RUPTURA COMERCIAL ENTRE EU Y CANADÁ SHEINBAUM PIDE CALMA.

POR JUAN AMARO

2.- DAÑO A LA TESORERÍA POR 272.4 MILLONES DURANTE PERIODO DE NORMA PIÑA.

3.- REGLAS PARA INVESTIGAR A EMPLEADOS DEL PJF QUE INCURRAN EN ILÍCITOS.

4.-QUE COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ASF APRUEBA OPINIÓN POSITIVA DEL PEF 2026.

5.-DIPUTADO DE MORENA PROPONE ACTUALIZAR EL PREDIAL SUBIENDOLO EN BASE A LA INFLACIÓN.

     Importante es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esperar y no adelantarse ante la reciente ruptura de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, anunciada por Donald Trump. Durante su conferencia matutina, subrayó que México no debe reaccionar con precipitación hasta conocer cómo evoluciona la situación entre ambos países. Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano continúa con normalidad las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destacando que los avances han sido positivos. Reiteró que el país no tomará decisiones prematuras ni abrirá negociaciones independientes hasta tener claridad sobre el rumbo de la relación entre sus socios comerciales.

     Resulta que en su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incumplió la ley en materia de contrataciones públicas e incurrió en probable daño a la Tesorería por 272.4 millones de pesos, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Una revisión forense reveló que el organismo judicial realizó pagos millonarios a proveedores sin documentación que acredite la prestación de diversos servicios. Por éstas y otras anomalías, la ASF inició 11 procedimientos para investigar y sancionar a los responsables. El informe incluido en la segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2024 precisa que el extinto CJF pagó a proveedores 21.4 millones de pesos sin acreditar los servicios de seguridad y vigilancia de sus inmuebles; 49.4 millones sin justificar trabajos de mantenimiento y limpieza, y 201 millones sin documentación comprobatoria por servicios tecnológicos, de impresión, digitalización y soporte especializado.

      Bien que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) estableció los lineamientos para “distribuir las funciones de las autoridades investigadora, substanciadora y resolutora en los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos con funciones administrativas y de particulares vinculados” con actos ilícitos en que pudieran incurrir los empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF). El procedimiento en contra de algún funcionario administrativo tendrá tres etapas, que estarán en manos de las siguientes autoridades: la investigadora, la sustanciadora y la resolutoria. Investigación: llevar a cabo las investigaciones que instruyan las autoridades competentes en contra de personas servidoras públicas adscritas a las áreas administrativas. Sustanciadora: En esta fase consistirá en ordenar de oficio la práctica de investigaciones en los asuntos relacionados. Resolutoria: En esta etapa, el Pleno del Órgano de Administración Judicial fungirá como segunda instancia en los procedimientos de responsabilidades administrativas seguidos por faltas administrativas no graves.

     De interés que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados, aprobó una opinión positiva del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, y escuchó el plan de trabajo de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la ASF para el año entrante. Destacó la importancia de fortalecer a la ASF y a su autonomía técnica, pues uno de sus roles es verificar el uso correcto de los fondos públicos. La opinión positiva de la Comisión se aprobó por 27 votos a favor y tres en contra.

      El diputado Isidro Jesús Vargas Fernández de Morena, presentó una iniciativa de actualizar cada año las tablas de valores catastrales conforme a la inflación, lo que propiciaría un aumento en el impuesto predial.  bajo el argumento de que la medida fortalecerá la recaudación de los municipios y garantizará justicia tributaria en el cobro del impuesto predial. Para ello, propone adicionar un artículo 83 Bis a la Ley de Catastro del Estado, a fin de permitir a los ayuntamientos ajustar sus tablas con base en la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El legislador reiteró que esta fórmula busca dotar a los municipios de un mecanismo técnico, objetivo y transparente para actualizar el valor catastral de los predios, evitando decisiones discrecionales o incrementos desproporcionados que afecten a los contribuyentes. ¿Qué les parece a los tamaulipecos?

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