Cuando cobrar menos puede significar recaudar más. De Limantour a las finanzas con sentido social

Por Jorge Chávez Mijares.

Querido lector, hoy me parece que las matemáticas del gobierno parecen contradecir las matemáticas de la escuela. Dos más dos siguen siendo cuatro, por supuesto, como bien decía Dostoyevsky en su libro “Memorias del subsuelo”. Pero en materia fiscal ocurre una curiosa paradoja, algunas veces, para recaudar más, hay que aprender a cobrar menos. No es una ocurrencia, es política fiscal y quizá también un poco de sindéresis, esa capacidad natural para juzgar rectamente, actuar con sensatez y distinguir lo conveniente de lo inconveniente. Está relacionada con el buen juicio, la prudencia y el sentido moral.

Porque entre un ciudadano que debe diez pesos, pero no puede pagarlos y otro al que el Estado le ofrece pagar seis para regresar a la formalidad, existe una diferencia fundamental, en el primer caso hay una cuenta por cobrar; en el segundo, puede haber dinero entrando efectivamente a la hacienda pública. Pensaba en ello al conocer el nuevo paquete de estímulos fiscales anunciado por el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, y operado desde la Secretaría de Finanzas por Carlos Irán Ramírez González.

No estamos hablando solamente de descuentos. La palabra parece demasiado pequeña. Estamos hablando de una estrategia que intenta resolver una de las contradicciones más antiguas de cualquier hacienda pública: ¿cómo incrementar los ingresos del Estado sin estrangular económicamente al contribuyente? Porque cobrar impuestos es relativamente sencillo, lo difícil es cobrarlos bien. Y todavía más difícil resulta conseguir que los ciudadanos volvamos voluntariamente a la formalidad después de haber acumulado multas, recargos y adeudos hasta convertir una obligación manejable en una montaña que preferimos voltear a ver.

Ahí aparece una figura histórica que inevitablemente vino a mi memoria. José Yves Limantour, el poderoso secretario de Hacienda de Porfirio Díaz. Limantour fue uno de los grandes arquitectos financieros del México de finales del siglo XIX y principios del XX. Formado dentro de aquella generación de tecnócratas porfirianos conocidos como “Los Científicos”, consiguió algo que durante décadas había parecido casi milagroso, ordenar las finanzas públicas mexicanas, racionalizar el gasto, reorganizar la deuda y fortalecer los ingresos gubernamentales. Era un hombre que entendía los números y vaya que los entendía. Si Porfirio Díaz tenía generales para controlar territorios, Limantour tenía números para controlar presupuestos. Pero el tiempo terminó enseñándonos que una hacienda pública puede estar saludable mientras una parte importante de la sociedad permanece enferma. Ahí estuvo una de las grandes contradicciones del porfiriato. Había orden financiero, había ferrocarriles, había inversión, había crecimiento. Pero aquel equilibrio macroeconómico convivía con profundas desigualdades sociales que terminarían formando parte del combustible histórico de la Revolución Mexicana.

Por eso resulta interesante observar, más de un siglo después, cómo ha cambiado la concepción de las finanzas públicas. Porque un secretario de Finanzas moderno ya no puede aspirar únicamente a convertirse en un buen guardián de la caja. Tiene que comprender también a las personas que estamos del otro lado de la ventanilla. Y ahí encuentro el elemento más interesante del esquema anunciado en Tamaulipas. El Gobierno estatal necesita recaudar. Naturalmente. Verdad de Perogrullo es que no existe gobierno sin ingresos. Las calles, hospitales, escuelas, seguridad, infraestructura, programas sociales y servicios públicos no se pagan con discursos. Se pagan con dinero y ese dinero, en buena medida, proviene de los contribuyentes.

Pero también existe otra realidad, miles de personas acumulamos adeudos que con el paso del tiempo incorporan multas y recargos hasta convertirse en cantidades difíciles de solventar. Entonces aparece el círculo perverso, el ciudadano debe, no puede pagar, el Estado sigue incrementando accesorios, el ciudadano se aleja todavía más y finalmente ocurre el peor escenario para ambos, el contribuyente permanece irregular y el gobierno no recauda. Por eso resulta particularmente interesante el paquete diseñado por la Secretaría de Finanzas.

En multas relacionadas con establecimientos de bebidas alcohólicas habrá reducciones escalonadas, 50% para las correspondientes a 2026; 60% para las de 2023, 2024 y 2025, y hasta 70% para 2022 y años anteriores. Una maravilla para quienes tenemos adeudos crecidos por habernos atrasado por la causa que fuere. La misma lógica aparece en adeudos de impuestos estatales sobre nómina, honorarios y hospedaje. Para obligaciones correspondientes a 2021, la reducción en multas y recargos alcanza 90%. Para 2022 será de 80%; para 2023, 70%; para 2024, 60%, y para 2025, 50%. Uno podría mirar esas cifras superficialmente y preguntar:

—¿Por qué perdonar dinero que pertenece al Estado?

Pero quizá la pregunta correcta sea otra:

—¿Cuánto de ese dinero habría ingresado realmente si no existiera el estímulo? Ahí cambia completamente la ecuación.

Porque una cuenta incobrable puede tener un magnífico aspecto en una computadora de la administración pública, pero sigue siendo una cuenta incobrable. No paga nóminas, no construye hospitales, no pavimenta carreteras, no compra medicamentos, no financia seguridad. Es dinero imaginario. En cambio, cuando el gobierno reduce multas y recargos para permitir que alguien liquide el principal, recupera algo mucho más importante que una vieja deuda, recupera a los contribuyentes. Y eso significa que la política puede producir un doble beneficio. El ciudadano regulariza su situación sin sacrificar desproporcionadamente la economía familiar y el Estado amplía nuevamente su base efectiva de contribuyentes, una especie de reconciliación fiscal. No entre enemigos, naturalmente, sino entre dos partes que se necesitan mutuamente.

La misma filosofía aparece en los estímulos vehiculares. Hasta el 31 de diciembre, las motocicletas particulares registradas en Tamaulipas tendrán tarifas de 620 pesos por derechos de control vehicular, 250 pesos por placas y 800 pesos por licencia de conducir. También continuará hasta diciembre el descuento del 30% en derechos y placas de control vehicular para contribuyentes cumplidos, acompañado de una reducción del 50% en recargos de adeudos generados hasta 2025. Y para los concesionarios del transporte público se mantendrá una tarifa especial de 14 mil 800 pesos entre septiembre y diciembre.

Aquí aparece otra virtud que suele olvidarse cuando hablamos de impuestos. También hay que premiar al que paga. Porque una política fiscal basada exclusivamente en perdonar al moroso corre el riesgo de enviar un mensaje equivocado al ciudadano cumplido. El equilibrio consiste precisamente en abrirle una puerta al rezagado sin cerrar la ventana al responsable. Ahí está la ingeniería fina. Y ahí es donde la comparación histórica con Limantour adquiere sentido. Carlos Irán Ramírez González no necesita convertirse en el Limantour tamaulipeco. Sería incluso una comparación incompleta. Porque las circunstancias históricas son absolutamente distintas. Pero sí puede recuperarse de aquel personaje una enseñanza fundamental: las finanzas públicas necesitan inteligencia, disciplina, imaginación y orden.

Con una diferencia decisiva. El siglo XXI obliga a agregar una quinta palabra, sensibilidad. Eso parece estar entendiendo la administración de Américo Villarreal. No abandonar la responsabilidad hacendaria, sino incorporarle una dimensión social. No confundir humanismo con irresponsabilidad presupuestal, ni disciplina financiera con insensibilidad. Porque los extremos son igualmente peligrosos, un gobierno que no cobra termina quebrado. Pero un gobierno que pretende cobrar sin considerar la realidad económica de sus ciudadanos termina alejándolos de la formalidad. 

Entre ambos extremos existe una tercera vía, hacer que pagar vuelva a ser posible. Y cuando eso ocurre aparece aquella aparente contradicción con la que comenzamos. Cobrar menos multas puede significar recaudar más impuestos, reducir recargos puede recuperar contribuyentes, facilitar una regularización hoy puede significar ingresos permanentes mañana. Limantour probablemente habría comprendido perfectamente la primera parte de la ecuación, la segunda pertenece a nuestro tiempo.

Porque detrás de cada número registrado en una oficina fiscal hay algo que las hojas de cálculo no siempre alcanzan a mostrar, que puede ser una familia, un pequeño comerciante, un motociclista, un transportista, un empresario que genera empleos, un ciudadano que alguna vez dejó de pagar y al que quizá convenga más regresarlo al sistema que perseguir eternamente una deuda que nunca podrá cubrir. La hacienda pública moderna necesita números negros. Por supuesto. Pero también necesita comprender las historias humanas que existen detrás de esos números. 

Querido y dilecto lector, quizá ahí esté la evolución. Limantour buscaba que cuadraran las cuentas de México. Más de un siglo después, el Gobernador Américo Villarreal y y su Secretario de Finanzas, Carlos Ramírez enfrentan un desafío adicional en Tamaulipas: hacer que cuadren las cuentas sin descuadrarle la vida a la gente. Y esa pequeña diferencia, que parece solamente semántica, puede ser en realidad toda una filosofía de gobierno.

El tiempo hablará.