por Carlos G. Cortés García
ISSSTE VICTORIA: CUANDO RECLAMAR SE CONVIERTE EN AMENAZA
∙ En el ISSSTE de Ciudad Victoria “las autoridades” se han acostumbrado a que ante las quejas y señalamientos de los derechohabientes, por el mal servicio, lo fácil, lo rápido, es la vejación y la amenaza a los ciudadanos. ¿Hasta cuándo? Los videos exhiben al personal de seguridad de la institución con el poder suficiente para insultar, ofender y amenazar sin resolver el problema de fondo. Y en toda esta trama, ¿qué papel juega el Subdelegado Médico de la institución, Jorge Ivan Cortina Beltran? Urge que salga y dé la cara.
Hay instituciones públicas que, por su propia naturaleza, deberían ser espacios donde el ciudadano encontrará atención, respeto y soluciones. El ISSSTE es, precisamente, una de ellas. Pero cuando un derechohabiente llega a solicitar un servicio, termina enfrentándose a malos tratos, indiferencia o, peor aún, a amenazas, y entonces el problema deja de ser solamente administrativo: se convierte en un asunto de dignidad y de responsabilidad pública.
Hace algunos días comenzó a circular en redes sociales un video grabado en las instalaciones de la Clínica Hospital del ISSSTE en Ciudad Victoria. En las imágenes, según lo que se observa en la grabación difundida, personal de seguridad confronta a derechohabientes que se encontraban documentando, con su teléfono celular, presuntas anomalías y situaciones relacionadas con la atención que reciben los usuarios.
En el intercambio, se escucha al personal de seguridad “advertir” al ciudadano que podría llamar a la policía. Y aquí está el punto central: ¿por qué la respuesta ante una inconformidad ciudadana tendría que ser la amenaza de llamar a los cuerpos de seguridad?
Si un derechohabiente está inconforme con el servicio que recibe, lo procedente debería ser escuchar, orientar y, en su caso, canalizar su queja a las instancias correspondientes. Pero no, “la solución es intimidar”.
El asunto adquiere mayor relevancia porque el episodio difundido en redes no aparece completamente aislado del contexto que ha rodeado al ISSSTE Victoria durante los últimos meses.
En junio de este año, por ejemplo, se difundió el caso de una derechohabiente que denunció públicamente problemas para recibir atención médica y cuestionó el trato recibido por parte de personal de la institución.
Y en julio, trabajadores de la Clínica Hospital denunciaron públicamente diversas deficiencias en infraestructura y servicios, entre ellas problemas de aire acondicionado, sanitarios fuera de funcionamiento, áreas de aislamiento con dificultades operativas y otras condiciones que, de acuerdo con sus testimonios, afectan tanto al propio personal de la institución como a los pacientes. Y ya en aquella ocasión se señaló que no había un posicionamiento oficial del ISSSTE sobre esas denuncias.
Más recientemente, en septiembre, personal de la propia clínica comenzó a trabajar bajo protesta para manifestar inconformidades relacionadas con falta de insumos, problemas laborales y presuntas irregularidades administrativas. A esas protestas se sumaron familiares de pacientes quienes denunciaron problemas con la alimentación de personas hospitalizadas.
Es decir, hay suficientes señales públicas para que las autoridades competentes volteen a ver lo que está ocurriendo en el ISSSTE Victoria.
Y aquí hay que hacer una precisión importante. El ISSSTE es una institución federal. Y por ello, la responsabilidad principal de investigar y corregir lo que ocurre dentro de sus instalaciones corresponde a sus propias autoridades y a las instancias federales competentes. Y no se trata de trasladar artificialmente a otras instancias una responsabilidad que no les corresponde.
Pero tampoco se trata de que las autoridades estatales, federales o municipales permanezcan indiferentes ante una situación que afecta a los ciudadanos tamaulipecos.
Porque los derechohabientes del ISSSTE son trabajadores, jubilados, pensionados y familias que durante años han aportado y cotizado para tener acceso a servicios de seguridad social.
No están pidiendo un favor. Están exigiendo que se les atienda conforme a los derechos que les corresponden.
Y aquí hay otro elemento que merece especial atención: la cultura institucional frente a la crítica. El propio ISSSTE reconoce oficialmente mecanismos para que los derechohabientes presenten inconformidades, sugerencias, solicitudes y quejas. Entre ellos se encuentran los Módulos de Orientación y Atención al Derechohabiente, buzones de opinión, ISSSTE-Tel, correo electrónico y redes sociales, lo que al parecer poco o nada han funcionado hasta hoy.
La institución señala incluso que estos mecanismos tienen como propósito identificar áreas de oportunidad y contribuir a mejorar la calidad de los servicios.
Entonces, si existen mecanismos institucionales para escuchar las inconformidades, la pregunta es inevitable: ¿Por qué un ciudadano que documenta lo que ocurre tendría que ser tratado como un problema? Y una de las probables respuestas debiera ser que una cámara de teléfono no debería convertirse en el enemigo de una institución pública.
Y por el contrario: en tiempos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, documentar una inconformidad puede ser una forma de hacer visible una problemática que, de otra manera, permanecerá únicamente en los pasillos, las salas de espera y las conversaciones privadas de los usuarios.
Por supuesto, también debe existir respeto a la privacidad de pacientes, trabajadores y terceros, así como cumplimiento de las reglas aplicables dentro de una institución hospitalaria. Pero esas restricciones no deben convertirse en una justificación para intimidar a quien plantea una inconformidad.
¿Quién va a poner orden? Porque el problema de fondo no es solamente el video. El problema es que el video vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que lleva tiempo esperando respuesta: ¿Quién está supervisando realmente lo que ocurre en el ISSSTE Victoria?
Y es precisamente en la cadena de supervisión donde surge otra pregunta incómoda. Derechohabientes señalan que, desde marzo, el Subdelegado Médico, Dr. Jorge Iván Cortina Beltrán, habría dejado la operación cotidiana de la Clínica Hospital en manos de su amigo y compañero de guardias, el Subdirector Médico Daniel Salazar Peña.
El problema es la agenda: la documentación recabada lo ubica como catedrático matutino de Medicina en la UVM y cubriendo guardias nocturnas tanto en el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” como en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria. Y de ahí pasaría, este impresentable personaje, a impartir clases y sólo después acudiría al ISSSTE, prácticamente al mediodía.
Cortina Beltrán conoce esa dinámica, pues ambos comparten guardias nocturnas en dichos hospitales. Entonces la pregunta es elemental: ¿quién dirige físicamente la Clínica Hospital durante el día? El ISSSTE puede despejar la duda fácilmente: que exhiban los registros biométricos del Subdirector Médico y que acredite, mediante huella digital, sus horarios efectivos de los últimos siete meses.
Y aquí aparece nuevamente el mismo patrón señalado en otros casos por este medio: trabajadores cuya presencia física en sus unidades ha sido ausente y de quienes se señala la inexistencia de registros biométricos digitales. Todos tienen un común denominador: Jorge Ivan Cortina Beltran. Este caso, según los señalamientos recabados, no sería la excepción.
Debe quedar muy claro que cuando trabajadores protestan, cuando familiares de pacientes denuncian, cuando derechohabientes expresan públicamente su inconformidad y cuando ahora circula un video en el que un usuario es confrontado por personal de seguridad del ISSSTE Victoria, ya no parece suficiente responder con silencio administrativo.
Se requiere una revisión seria; se necesita escuchar a los trabajadores; se necesita escuchar a los derechohabientes; se necesitan revisar las condiciones de infraestructura, abasto, atención y seguridad. Pero sobre todo, se necesita determinar qué está ocurriendo con el trato que reciben quienes acuden a solicitar un servicio.
No se trata de convertir este asunto en una cacería de culpables ni tampoco de condenar anticipadamente a una persona a partir de un video cuya totalidad y contexto deben ser revisados. Se trata de algo mucho más sencillo: que una institución pública dé la cara y responda a sus derechohabientes.
Si el personal de seguridad actuó conforme a los protocolos, que se explique cuáles son esos protocolos. Si existió una conducta indebida, que se investigue. Si el derechohabiente infringió alguna disposición, que se determine conforme a derecho. Y si existieron excesos por parte del personal, que también haya consecuencias.
Pero lo que no debe ocurrir es que, frente a cada denuncia, la respuesta sea el silencio ni menos la amenaza. Porque un hospital público no puede convertirse en un territorio donde el ciudadano tenga miedo de preguntar, reclamar o exigir que se le atienda, cuando es su derecho.
El ISSSTE tiene la obligación institucional de escuchar a sus derechohabientes. Y los derechohabientes tienen el inalienable derecho de exigir que su institución, la que mantienen con su dinero, funcione.
La pelota está ahora en la cancha de las autoridades federales del ISSSTE. Lo que les corresponde es investigar, transparentar y corregir. Porque cuando un ciudadano llega a una institución de seguridad social buscando atención y termina sintiendo que tiene que defenderse de la propia institución, algo está profundamente fuera de lugar. Y eso, en una institución que debería estar al servicio de la gente, no puede normalizarse. Es más, es imperdonable.
A las autoridades federales del ISSSTE, encabezadas por Martí Batres Guadarrama, basta de estar haciéndose tontos. Urgen respuestas y urgen protocolos para atender como se debe a los derechohabientes, que son quienes mantienen a la estructura del ISSSTE, porque ya basta de arbitrariedades, abusos y majaderías contra quienes deben atender con seriedad, profesionalismo y prontitud.
Y aquí la pregunta de los 64 mil… ¿Quién y cuándo van a poner orden? Urge a todos una respuesta coherente y eficaz.
- 1. Y ahora, una buena noticia para Tamaulipas. La suma de voluntades y la visión de un gobierno humanista han permitido que nuestra entidad sea el único estado del país que tiene garantizado el sistema de pensiones para sus trabajadores al servicio del Estado para los próximos 25 años. Así lo aseguró el gobernador tamaulipeco Américo Villarreal Anaya, al participar en el Consejo Estatal Ordinario del Sindicato Unido de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, en donde la secretaria general Blanca Valles Rodríguez rindió su Tercer Informe de Labores.
Y en ese escenario, el gobernador Villarreal Anaya destacó que en lo que va de su administración se ha logrado reducir la brecha salarial y hoy nadie que trabaje en el Gobierno del Estado percibe una remuneración por debajo de un salario mínimo, además de otras prestaciones y oportunidades. ¿Buena noticia? Muy buena, diría yo.
Por su parte, la dirigente sindical Blanca Valles Rodríguez expresó su reconocimiento por la presencia de Américo Villarreal, un gobernante que, dijo, tiene abiertos los caminos del diálogo y la disposición de construir acuerdos que fortalezcan el bienestar de las y los trabajadores del estado.
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2026
