POR JUAN AMARO
1.-MÉXICO Y SINGAPUR ACUERDAN FORTALECER COOPERACIÓN DIGITAL Y ECONÓMICA.
2.-HARFUCH CREO CUERPO DE AGENTES DE ÉLITE CONTRA DELITOS DE ALTO IMPACTO.
3.-MORENA DENUNCIA EN EL INE A MILITANTE DEL PAN POR PROPAGANDA IRREGULAR.
4.-BAJO INVESTIGACIÓN 35 JUECES EN LA ENTIDAD.
5.- GOBERNADOR LLEVA AL CONGRESO NUEVAS REFORMAS EN SEGURIDAD.
Importante es que México y Singapur fortalecieron hoy su cooperación económica y comercial, a cincuenta años del establecimiento de relaciones bilaterales. Así lo dieron a conocer en un mensaje a medios de comunicación la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, después de un encuentro bilateral como parte de la visita de Estado que realiza a México. Sheinbaum reafirmó el compromiso para fortalecer el puente transpacífico a través del intercambio cultural, económico, comercial y turístico, siendo también un referente mundial en materia de gobernanza digital y tecnologías emergentes. Informó que acordaron avanzar en identificar un esquema bilateral de cooperación digital, que permita el intercambio de experiencias y conocimientos y que establezca las bases para desarrollar proyectos específicos, dirigidos a la modernización de infraestructura y al impulso de la economía digital en nuestro país.
Bueno es que Omar García Harfuch, delegó facultades a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para constituir un cuerpo de agentes de élite, encargado de investigar y perseguir delitos de alto impacto, estrategias contra generadores de violencia y ejecutar operaciones especiales. A través de un acuerdo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece que dicho cuerpo de agentes estará a cargo de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), que está directamente adscrita a la subsecretaría. El cuerpo de agentes de élite se encargará de planear y ejecutar operaciones basadas en inteligencia y estrategias tácticas para ubicar y detener a quienes generan violencia. También deberán establecer protocolos para responder a situaciones que pongan en riesgo a personas, bienes o el medio ambiente, y desarrollar medidas de apoyo y protección para servidoras y servidores públicos que puedan ser víctimas de agresiones o delitos.
El vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en contra de Edson Saúl Andrade Lemus y del Partido Acción Nacional (PAN), por el posible delito de propaganda irregular para esa fuerza política, con contratos simulados por medio de una supuesta triangulación de recursos. Indicó que Andrade Lemus, quien fue uno de los voceros de la marcha del pasado 15 de noviembre, y que en redes sociales se difundió como una manifestación de la Generación Z, recibió un contrato por 2 millones 157 mil pesos por parte del PAN en la capital, con el que paga a siete personas para realizar difusión en redes sociales para el partido, lo cual, subrayó, lo reconoció la presidenta del blanquiazul en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña.
Ha trascendido que alrededor de 35 jueces del Poder Judicial de Tamaulipas se encuentran bajo investigación por diversas irregularidades en su desempeño, principalmente por dilación en la integración de los asuntos a su cargo. La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López, detalló que las denuncias contra los juzgadores se desprenden de acciones recientes como de expedientes heredados por el antiguo Consejo de la Judicatura, y que incluso hay jueces separados provisionalmente de sus funciones mientras avanza el procedimiento, como en el caso de una juzgadora de Tampico involucrada en un expediente relacionado con una menor, donde no puede revelarse información por tratarse de derechos de infancia.
Interesante es que el gobernador Américo Villarreal Anaya llevó por primera vez la mesa de seguridad al Congreso del Estado, donde expuso ante los legisladores la necesidad de reformas que respalden la estrategia de seguridad aplicada en Tamaulipas. Como parte de las medidas impulsadas desde la mesa de seguridad, mencionó la reciente reforma que establece como delito la simple portación de ponchallantas, incluso sin acreditar intención de uso, así como la prohibición de comprar cobre en recicladoras, con el propósito de cerrar el paso al mercado ilegal proveniente del saqueo de instalaciones públicas y privadas.
