Por Ambrocio López Gutiérrez
Los astros se han alineado a favor de la 4T y la presidenta de la república ha sido contundente al pronunciarse por todos los medios en el sentido de que la democratización del Poder Judicial será un hecho a través de la elección de jueces, magistrados y ministros con el concurso del Instituto Nacional Electoral. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha aprobado con éxito todas las pruebas que se le han presentado, sin alterarse, sin levantar la voz en contra de nadie, reiterando que los órganos coercitivos del Estado jamás se utilizarán para reprimir disidencias. La científica que ahora nos gobierna mantiene un alto nivel de aprobación popular.
La titular del ejecutivo federal ha insistido sobre el respeto que le merecen los otros poderes manifestando que sólo ha cumplido con su obligación publicando las reformas que fueron aprobadas por el Poder Legislativo. En su momento, CSP mencionó que, tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como ella renunciaron en los hechos a designar a los miembros del poder judicial dejando en manos del pueblo esa responsabilidad. Rechazó que la reforma judicial y otros asuntos domésticos de nuestra república vayan a provocar desavenencias con la próxima administración de los Estados Unidos. En el marco de ambas soberanías, la mandataria asegura que se mantendrán y fortalecerán los lazos diplomáticos y comerciales con la Casa Blanca.
La periodista potosina Rosa Icela Rodríguez Velázquez y el abogado tabasqueño Adán Augusto López Hernández, Secretaria de Gobernación y Coordinador de los senadores de MoReNa, respectivamente, han tejido muy fino para que la reforma judicial haya aterrizado positivamente. Los conservadores que no saben perder han emitido opiniones desesperanzadoras, catastróficas y apocalípticas, sin embargo, los partidarios de la democracia y el progreso social confían en que la elección mediante voto popular contribuya a disminuir sustancialmente los nivelas de corrupción e impunidad que han caracterizado al poder judicial en las décadas recientes.
POR INICIATIVA DEL gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas será el primer estado en realizar la elección popular de las y los magistrados, así como de jueces y juezas para el año 2025. Este jueves se presentó en el Congreso de Tamaulipas, en sesión pública ordinaria, la iniciativa del doctor Villarreal Anaya, por la cual se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de reforma del Poder Judicial. Este nuevo sistema judicial, en Tamaulipas, prevé la elección popular de quienes lo integran, contribuyendo a su modernización, lo cual traerá consigo legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia, colocándolo a la vanguardia de los retos que la sociedad demanda.
La iniciativa de reforma contempla la sustitución del Consejo de la Judicatura, que será reemplazado por dos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración del Poder Judicial. Cada uno tendrá funciones específicas para fortalecer el control y la gestión interna del sistema. El Tribunal de Disciplina Judicial será responsable de recibir denuncias, investigar posibles conductas irregulares y sancionar a aquellos servidores públicos del Poder Judicial que actúen en contra de la ley; con esta medida, se busca reforzar la vigilancia sobre la actuación de jueces y magistrados. Por su parte, el Órgano de Administración Judicial, con independencia y autonomía técnica, gestionará la administración y carrera judicial.
Según un comunicado, este organismo definirá el número y distribución de juzgados, su competencia territorial y las especializaciones necesarias para cada área. Con este nuevo esquema de impartición de justicia, se logrará un mayor dinamismo, tornándola más rápida, expedita y transparente, trayendo grandes beneficios a la ciudadanía que podrá dirimir sus conflictos de forma menos compleja y con mayor rapidez. En su exposición de motivos, el gobernador Villarreal Anaya señaló que la iniciativa se basa en la reforma judicial federal encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se propone combatir la impunidad y la falta de justicia en México mediante la independencia de las instituciones judiciales.
Las y los candidatos a jueces y magistrados deberán cumplir los requisitos específicos de experiencia y formación profesional establecidos en el proyecto de reforma, formulada para dar cumplimiento a la reforma federal en la materia vigente y que señaló un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del Decreto federal, para realizar la armonización de las constituciones locales. De acuerdo con la iniciativa, en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 se elegirán por voto popular a todas las magistradas y magistrados, juezas y jueces del estado. El proyecto que ya está en el Poder Legislativo, dispone con toda precisión que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial serán respetados.
LA UNIVERSIDAD Autónoma de Tamaulipas abrirá el programa de Maestría en Derecho con Énfasis en Derecho Municipal y Parlamentario, junto con dos programas de diplomados especializados en estas mismas áreas. Los programas son ofrecidos a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, con el objetivo de capacitar a servidores públicos y profesionistas en la gestión de políticas públicas y el ejercicio de la función legislativa. Fernando Leal Ríos, secretario de Investigación y Posgrado de la UAT, destacó que, en línea con la visión de Dámaso Anaya Alvarado, estos nuevos programas están enfocados en la formación de los legisladores y regidores que asumen funciones a partir de este mes de octubre.
Resaltó también la sinergia de la UAT con el Gobierno del Estado, lo que le permite a la casa de estudios aportar su experiencia académica en la formación y capacitación de servidores públicos. La maestría está diseñada para servidores públicos municipales y legisladores del Congreso del Estado de Tamaulipas, así como para profesionistas de áreas afines, con el fin de formar expertos con conocimientos en administración, políticas públicas y derecho constitucional, capacitándolos para gestionar e implementar políticas públicas y desarrollar iniciativas de ley en el ámbito jurídico municipal y parlamentario. El proceso de recepción de documentos para la maestría se iniciaría el 14 de octubre, y las clases comenzarán en enero de 2025, en modalidad mixta.
En complemento, la UAT también ofrece dos diplomados: en Derecho Municipal y Derecho Parlamentario, que empezarían desde el 14 de octubre de 2024. Estos diplomados ofrecerán una formación inicial para personas interesadas en profundizar sus conocimientos en estas áreas. Para más información, contactar a la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, enviando un correo electrónico a posgradofdcsv@uat.edu.mx, o llamando al teléfono 834 318 1800, extensión 2709 donde se dará más información
Correo: amlogtz@gmail.com
