Agencia EcoNoticias
La revelación del desfalco millonario cometido por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, encubierto bajo convenios publicitarios con el club de futbol Tampico-Madero, ha encendido la indignación ciudadana. No solo por el monto —560 millones de pesos según la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción—, sino por el momento en que se perpetró: en plena pandemia, cuando cada peso público debía destinarse a salvar vidas, no a maquillar imágenes.
Este fraude no fue obra de un solo hombre. Lo acompañaron voceros oficiales como Francisco García Juárez y Maximiliano Cortázar Lara, operadores de una estrategia que convirtió la propaganda en tapadera. Y en el entramado también figura el diputado Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del exmandatario, cuya cercanía con el poder parece haberle garantizado inmunidad… hasta ahora.
La Comisión Instructora de la 66 Legislatura está lista para iniciar el proceso de desafuero. Es un paso necesario, pero no suficiente. La justicia debe avanzar sin titubeos, sin cálculos políticos, sin pactos de silencio. La ciudadanía exige que se rompa el ciclo de impunidad que ha permitido que el poder se convierta en refugio de corruptos.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos una decisión histórica. La ministra Lenia Batres Guadarrama prepara una sentencia que podría retirar el amparo que protege al exgobernador. Si se concreta, será una señal clara de que la ley no se negocia, y que ningún fuero puede blindar el abuso del poder.
Tamaulipas merece una justicia que no se doblegue ante los intereses de quienes saquearon al estado. Merece instituciones que respondan al pueblo, no a los caudillos. Merece memoria, verdad y reparación.
Porque el dinero robado no solo fue recurso público: fue esperanza arrebatada en los días más oscuros de la pandemia.
