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La propuesta de abrir un debate nacional para regular el uso de plataformas inteligentes y redes sociales en niñas, niños y adolescentes puede favorecer, en principio, la protección de los menores frente a riesgos como el ciberacoso, la explotación digital, la desinformación y la exposición a contenidos nocivos. Sin embargo, el alcance de la regulación será determinante.
No necesariamente representa un retroceso. Lo sería si se tradujera en censura, restricciones desproporcionadas o limitaciones al acceso a la información y a la libertad de expresión. En cambio, si establece reglas claras para que las plataformas asuman mayor responsabilidad, fortalece la privacidad de los menores y promueve la alfabetización digital, podría significar un avance en la protección de sus derechos. El reto será encontrar un equilibrio entre la seguridad de la infancia y el respeto a las libertades fundamentales.
Por un lado, existe una preocupación legítima por los efectos de las redes sociales en la salud mental, la privacidad y la seguridad de niñas, niños y adolescentes. Por otro, cualquier regulación debe diseñarse con cuidado para evitar que se convierta en un mecanismo de control excesivo o de restricción de derechos.
En ese tipo de debates, suele ser más sólido centrar la discusión en cómo se regulará, quién supervisará su aplicación y qué garantías existirán para proteger tanto a los menores como las libertades digitales.
