La pregunta no es si Estados Unidos puede cancelar una visa. La pregunta es para qué está utilizando el poder de cancelarla.
Por Jorge Alejandro Torres Garza
Durante décadas, hablar del poder de Estados Unidos sobre América Latina significaba hablar de intervenciones, sanciones económicas, operaciones encubiertas, tratados comerciales o presiones diplomáticas.
Hoy existe un instrumento mucho más pequeño, silencioso y personal.
Una visa.
La reciente revocación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, provocó una tormenta política en México.
Andy acusó al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau de haber tomado una decisión políticamente motivada y dirigió una carta al propio presidente Donald Trump. Washington, en cambio, no ha hecho públicas las razones específicas de la cancelación.
Y precisamente ahí comienza la parte verdaderamente interesante de esta historia.
Porque el caso de Andy López Beltrán no ocurre en el vacío.
Forma parte de una tendencia mucho más amplia: la utilización creciente de las visas como instrumento de política exterior y presión política en América Latina.
¿Un ciudadano cualquiera?
En México ha circulado una interpretación aparentemente sencilla: López Beltrán sería, después de todo, un ciudadano mexicano al que Estados Unidos decidió retirarle el permiso para ingresar a su territorio.
Jurídicamente, el argumento tiene lógica.
Una visa estadounidense no es un derecho y Estados Unidos posee la facultad soberana de decidir quién entra a su territorio.
Políticamente, la explicación resulta insuficiente.
Andy difícilmente puede considerarse un ciudadano cualquiera. Es hijo del expresidente que fundó el movimiento que actualmente gobierna México, regresó formalmente a la política como secretario de Organización de Morena y conserva un evidente peso dentro del obradorismo.
La cancelación tampoco produjo las consecuencias de un trámite consular cualquiera.
Provocó una reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, llegó a la prensa internacional y colocó el tema frente a los funcionarios estadounidenses señalados por López Beltrán: Marco Rubio y Christopher Landau.
Rubio, cuestionado públicamente sobre las visas, recurrió al argumento fundamental de Washington: Estados Unidos tiene derecho a decidir quién puede ingresar a su territorio.
Es cierto.
Pero eso responde la pregunta jurídica, no la política.
La pregunta no es si Estados Unidos puede cancelar una visa.
La pregunta es para qué está utilizando ese poder.
Landau, por su parte, pidió posteriormente que el ocasional “drama político” no distrajera a ambos países de los asuntos realmente importantes de su relación: seguridad, migración y comercio.
Quizá sin proponérselo, enumeró buena parte del tablero sobre el que debería analizarse este episodio.
El poder de una visa
Una investigación publicada el 16 de agosto por The New York Times, firmada por Emiliano Rodríguez Mega, Emma Bubola, Gabriel Labrador y David Bolaños, documenta cómo la administración de Donald Trump ha convertido las restricciones de visas en una herramienta cada vez más visible de su política hacia América Latina.
El reportaje, Trump’s Other Hold on the Americas: The Visa, muestra cómo Washington está utilizando uno de sus instrumentos más cotidianos —el permiso para entrar a Estados Unidos— para castigar, premiar y, en determinados casos, modificar el comportamiento de actores políticos en la región.
A primera vista parece una sanción menor.
No congela cuentas bancarias, no impone aranceles, no moviliza tropas.
Pero toca directamente a las élites.
Para buena parte de las clases políticas y económicas latinoamericanas, Estados Unidos no es solamente otro destino turístico. Ahí estudian sus hijos, viven familiares, mantienen negocios, construyen relaciones profesionales y realizan inversiones.
John Feeley, exembajador estadounidense en Panamá, lo explicó de manera gráfica: retirar una visa puede cortar relaciones personales y profesionales y debilitar políticamente a quien la pierde.
Washington parece haber entendido perfectamente esa vulnerabilidad.
Seis minutos fueron suficientes
Uno de los ejemplos más reveladores documentados por The New York Times ocurrió en Chile.
El gobierno chileno avanzaba en un proyecto para desarrollar un cable submarino de aproximadamente 12,000 millas que conectaría al país con Hong Kong.
Estados Unidos veía con preocupación la creciente presencia tecnológica china en la región.
Según la investigación, durante una reunión un representante estadounidense advirtió que continuar con el proyecto podría provocar restricciones de entrada a Estados Unidos no solamente para los funcionarios involucrados, sino también para sus esposas e hijos.
La conversación duró seis minutos.
Chile puso el proyecto en pausa.
Posteriormente, el embajador estadounidense Brandon Judd explicó con extraordinaria claridad la lógica detrás de estas medidas: las sanciones de visa no estaban diseñadas simplemente para castigar, sino para cambiar comportamientos.
Y reconoció que en aquel caso lo hicieron.
La frase merece atención porque describe algo mucho mayor que una decisión migratoria.
Describe poder.
El garrote y la zanahoria
Chile no es un caso aislado.
La misma investigación documenta que en Costa Rica legisladores que cuestionaron restricciones contra proveedores chinos de tecnología 5G como Huawei perdieron sus visas estadounidenses. En Argentina aparecieron advertencias sobre posibles revocaciones para ejecutivos vinculados con la expansión de Huawei.
En Panamá, políticos que criticaron un acuerdo de seguridad con Estados Unidos fueron posteriormente notificados de la revocación de sus visas.
Pero existe también el movimiento contrario.
Funcionarios salvadoreños cercanos al presidente Nayib Bukele que habían enfrentado restricciones durante la administración Biden recuperaron posteriormente sus posibilidades de ingresar a Estados Unidos mientras la relación entre Bukele y Trump se fortalecía.
La visa funciona entonces en dos direcciones.
Se retira y se devuelve.
Castigo y recompensa.
Garrote y zanahoria.
Y Washington normalmente no necesita explicar públicamente sus razones específicas.
El factor China
Aquí la historia adquiere una dimensión mucho mayor para México.
Porque varios de esos episodios tienen un denominador común: China.
Washington ya no observa la presencia china en América Latina exclusivamente como un asunto comercial.
Telecomunicaciones, puertos, infraestructura digital, minerales estratégicos, energía, cadenas de suministro, vehículos eléctricos y manufactura forman parte de una competencia geopolítica mucho más profunda.
Y México ocupa una posición excepcional dentro de ese tablero.
No solamente comparte más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos. Forma parte de una de las regiones económicas más integradas del planeta.
Por eso el futuro del T-MEC no puede entenderse solamente como una discusión sobre aranceles, reglas de origen o contenido regional.
En el fondo existe una pregunta mucho mayor:
¿Qué lugar tendrá China dentro de la economía norteamericana?
Y particularmente:
¿Qué presencia china estará dispuesto Washington a tolerar dentro de México?
El huachicol tampoco tiene partido
Existe otra pieza que rara vez colocamos dentro de esta misma ecuación: el llamado huachicol fiscal.
Aquí debemos evitar una tentación particularmente mexicana: reducir un fenómeno estructural a la eterna disputa entre partidos.
Las redes alrededor del robo, contrabando y comercialización irregular de combustibles no nacieron con Morena ni pueden explicarse exclusivamente a partir de un color político.
PRI, PAN y Morena han enfrentado, en diferentes momentos y circunstancias, acusaciones, investigaciones o escándalos relacionados con corrupción, combustibles y vulnerabilidades del sistema energético y aduanero.
Eso no significa que todas las acusaciones sean equivalentes ni que todas hayan sido demostradas judicialmente.
Significa algo quizá más preocupante:
el problema es sistémico antes que partidista.
Pero esta vez la crisis política le explotó a Morena.
El partido gobierna México desde 2018 y construyó buena parte de su legitimidad alrededor de una promesa central: separar al poder político de las redes de corrupción del viejo régimen.
Por eso el huachicol fiscal golpea al oficialismo en un punto especialmente vulnerable.
La oposición naturalmente intenta capitalizarlo.
Pero Washington probablemente observa algo diferente.
Estados Unidos no necesita resolver nuestra disputa entre guindas, azules y tricolores.
Le interesan las redes.
La frontera como sistema circulatorio
Durante décadas, cuando hablábamos de seguridad entre México y Estados Unidos, la conversación se concentraba en narcotráfico, armas y migración.
Hoy el mapa es mucho más complejo.
Por la frontera también circulan dinero ilícito, combustibles y mercancías de contrabando, además de personas sometidas a redes de tráfico y explotación.
Conviene distinguir el tráfico ilícito de migrantes de la trata de personas. El primero generalmente implica facilitar un cruce irregular a cambio de un pago; la segunda implica explotación y puede incluir explotación sexual, trabajo forzado y otras formas de sometimiento. Entre sus víctimas más vulnerables pueden encontrarse niñas, niños y adolescentes.
Son fenómenos diferentes. Pero determinadas organizaciones pueden aprovechar rutas, territorios, intermediarios, mecanismos financieros y redes de corrupción utilizadas también por otras economías criminales.
La frontera es, en realidad, un gigantesco sistema circulatorio.
Por ella transitan diariamente millones de personas y enormes volúmenes de mercancías, energía, información y capital. La inmensa mayoría de esos intercambios son legales y constituyen una extraordinaria fuente de prosperidad para ambos países.
Pero sobre algunas de esas mismas arterias operan economías clandestinas.
Ahí el huachicol fiscal introduce una dimensión adicional: la seguridad económica.
Cuando combustible cruza mediante contrabando, documentación falsa o evasión de impuestos, no solamente pierde dinero el fisco mexicano. También se distorsiona el mercado: quien cumple impuestos, permisos y obligaciones regulatorias compite contra combustible cuyo precio puede beneficiarse precisamente de haber evadido esas obligaciones.
Y cuando organizaciones criminales consiguen beneficiarse de drogas, personas, dinero, mercancías o combustibles que atraviesan la frontera, las fronteras conceptuales también comienzan a desaparecer.
Crimen organizado y economía.
Narcotráfico y energía.
Seguridad y comercio.
Todo empieza a tocarse.
T-MEC: mucho más que comercio
Es aquí donde las piezas comienzan a encontrarse.
México y Estados Unidos entran en una etapa decisiva de su relación.
Narcotráfico. Fentanilo. Tráfico de armas. Lavado de dinero. Tráfico ilícito de migrantes. Trata de personas. Huachicol fiscal. Seguridad fronteriza. China. Comercio. T-MEC.
Y ahora también:
Visas.
No porque exista evidencia de que todos estos asuntos estén detrás de la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán.
No la hay.
Afirmarlo sería especular.
Pero ignorar el contexto sería igualmente ingenuo.
Washington está ampliando su concepto de seguridad y utilizando diferentes herramientas para defender lo que considera sus intereses nacionales.
El propio Departamento de Estado amplió este año su política para incluir a personas cuyas actividades considere adversas a los intereses estadounidenses en el hemisferio.
Y la visa parece haberse incorporado a esa caja de herramientas.
Más allá de Morena
Mientras en México discutimos si determinada medida favorece o perjudica a Morena, PAN o PRI, Washington puede estar operando bajo una lógica completamente diferente.
No necesariamente le interesa de qué partido es alguien.
Le interesa qué posición ocupa.
Qué decisiones puede tomar.
Qué redes conoce.
Qué intereses representa.
Y qué capacidad tiene para afectar los intereses estadounidenses.
Visto desde Washington, quizá la pregunta no sea si alguien lleva una camiseta guinda, azul o tricolor.
La pregunta es quién tiene poder dentro de México.
¿Qué quiere Washington de México?
Nada de esto cuestiona el derecho soberano de Estados Unidos a decidir quién puede ingresar a su territorio. México posee exactamente la misma facultad.
El debate está en otro sitio:
¿Qué ocurre cuando una facultad migratoria comienza a utilizarse deliberadamente para modificar comportamientos políticos dentro de otros países?
La historia de América Latina está llena de episodios de presión estadounidense. Lo que cambia son las herramientas.
En el siglo XXI, la presión puede ser mucho más quirúrgica.
No hace falta sancionar a todo un país.
Puede seleccionarse a una persona.
Un empresario. Un legislador. Un juez. Un gobernador. Un funcionario.
O el hijo de un expresidente.
Washington no ha explicado públicamente la razón específica de la revocación de la visa de López Beltrán. Sería irresponsable convertir acusaciones, filtraciones o versiones periodísticas en hechos comprobados.
Tal vez su caso sea exclusivamente individual.
Tal vez no.
Pero mientras discutimos sobre Andy, está ocurriendo algo mucho más grande alrededor de México.
Estados Unidos está redefiniendo qué considera una amenaza para su seguridad nacional. Ya no se trata solamente de drogas cruzando la frontera, sino también de crimen organizado, armas, flujos financieros ilícitos, trata de personas, tráfico de migrantes, energía, contrabando, cadenas de suministro, inversiones chinas, tecnología y estabilidad económica.
Al mismo tiempo, México entra en una etapa crucial para el futuro del T-MEC y queda inevitablemente colocado dentro de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China.
Son piezas diferentes.
Pero pertenecen al mismo tablero.
Y quizá México esté formulando la pregunta equivocada.
La pregunta inmediata es:
¿Por qué le quitaron la visa a Andy López Beltrán?
La pregunta estratégica es:
¿Qué quiere Washington de México?
Porque en política internacional el poder no siempre se mide por el tamaño del arma.
A veces consiste simplemente en conocer el punto exacto donde ejercer presión.
Una visa puede parecer apenas un pequeño documento adherido a un pasaporte.
Pero utilizada estratégicamente, puede convertirse en política exterior.
Y mientras México mira el pasaporte de Andy, quizá debería comenzar a mirar el tablero completo.
