Por Francisco Cuéllar Cardona
Cabeza de Vaca: ¿traidor a la patria?
¿De qué delito no se ha acusado a Francisco García Cabeza de Vaca, legal y mediáticamente?
De casi todo. Se le ha dicho de todo: corrupción a gran escala, vínculos con la delincuencia organizada, homicidios, persecuciones políticas y todos los delitos que se puedan sumar y documentar.
Es un político del PAN que ha hecho mucho daño, no solo a Tamaulipas, sino al país, y que se ha envuelto cínicamente en una falsa bandera, jurando desde su otra patria, la gringa, que es un perseguido político.
Existe, sin embargo, un delito que falta añadirle a García Cabeza de Vaca y que es, quizás, el más grave que una ciudadana o un ciudadano mexicano puede enfrentar: traición a la patria.
Este delito lo han enfrentado, a lo largo de la historia, personajes que se han puesto del lado de los enemigos del país y han hecho alianzas con ellos para dañar a la nación. Por citar algunos casos, están Antonio López de Santa Anna, Victoriano Huerta, Miguel Miramón y Tomás Mejía.
Por sus actos como gobernador y por sus propias declaraciones, ¿merece Cabeza de Vaca ser inscrito en esa galería de ciudadanos indeseables, como un traidor a la patria?
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, está siendo investigada por ese delito, mientras que su exfiscal César Jáuregui ya está en prisión y enfrenta un proceso por esa causa.
Maru Campos y César Jáuregui permitieron que agentes del FBI ingresaran al país de forma ilegal para investigar a los cárteles y perseguir delincuentes, además de colaborar en su captura.
Todo esto pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar un gobernador mexicano cuando decide colaborar con autoridades de Estados Unidos en asuntos de seguridad?
El 13 de junio de 2018, el Congreso de Tamaulipas, por medio del grupo parlamentario de Acción Nacional, respaldado por Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, aprobó un punto de acuerdo para felicitar y reconocer a Cabeza de Vaca por el programa “Campaña de Seguridad y Prosperidad”, emprendido por el gobierno de Tamaulipas y siete agencias del gobierno estadounidense.
El objetivo de esta campaña, se dijo en su momento, era combatir el tráfico de armas y drogas, la trata de personas, la extorsión, el secuestro y el lavado de dinero, entre otros delitos con presencia en la zona fronteriza.
Las agencias estadounidenses con las que Cabeza de Vaca se comprometió a colaborar fueron Homeland Security, que agrupa a Air Marine Operations, Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol; el Departamento de Estado; la Drug Enforcement Administration (DEA), y U.S. Citizenship and Immigration Services. Las agencias estadounidenses participaban a través del grupo conjunto Joint Task Force-West, originalmente creado para combatir la delincuencia en el corredor de Texas.
Durante varias semanas de 2018, el gobierno de Tamaulipas colocó y pagó espectaculares en territorio fronterizo, tanto del lado mexicano como del texano, con fotografías de líderes criminales y ofertas de recompensas millonarias por sus cabezas.
El 15 de abril de 2022, Cabeza de Vaca firmó con Greg Abbott, gobernador de Texas, un memorándum de entendimiento que comprometía a Tamaulipas a reforzar los controles fronterizos, combatir el tráfico de personas y el contrabando de drogas, realizar operaciones conjuntas y recurrentes en la ribera del río Bravo e intercambiar información del Centro de Vigilancia C5 de Reynosa con el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
El documento establecía compromisos concretos para el gobierno tamaulipeco, incluidos el despliegue de recursos y personal, la vigilancia fronteriza y el intercambio de información con autoridades extranjeras. Para este efecto, no se informó previamente al gobierno federal, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad del acuerdo y sus posibles implicaciones para la soberanía nacional.
El artículo 117, fracción I, de la Constitución prohíbe a los estados —y Cabeza de Vaca lo hizo— celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras. A su vez, la Ley sobre la Celebración de Tratados regula los acuerdos interinstitucionales y establece límites a su contenido y a las competencias de las autoridades que los suscriben.
Con estos antecedentes y dadas las circunstancias actuales, corresponde a la Fiscalía General de la República, al Senado y a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores revisar la naturaleza jurídica de aquel memorándum, sus cláusulas y el procedimiento mediante el cual fue firmado por Cabeza de Vaca y Greg Abbott.
Incluso, el asunto adquiere otra dimensión por las propias declaraciones de Cabeza de Vaca. En entrevistas difundidas en agosto y septiembre de 2026, el exgobernador reconoció que durante más de 20 años colaboró con gobiernos y agencias estadounidenses. También confirmó que, cuando gobernó Tamaulipas, trabajó con siete agencias de Estados Unidos en asuntos relacionados con la seguridad.
El exmandatario defendió esa colaboración y sostuvo que su propósito era contribuir al restablecimiento del orden, la paz y el Estado de derecho en México. Sin embargo, la pregunta sigue en pie: ¿con qué autorizaciones, bajo qué protocolos y dentro de qué límites legales se llevó a cabo esa colaboración?
Lo relevante y preocupante aquí es conocer qué información compartió Cabeza de Vaca, bajo qué protocolos, con qué autorizaciones y hasta dónde llegaron las obligaciones que asumió durante su gobierno.
Y si hoy el caso de Chihuahua obliga a discutir los límites de la colaboración con agencias extranjeras, la actuación de Cabeza de Vaca en Tamaulipas también merece investigarse, porque, a primera vista, el caso del tamaulipeco parece más grave que lo ocurrido con la gobernadora Maru Campos.
La ley no puede aplicarse con una vara para unos y otra para otros. Si las autoridades mexicanas consideran que la colaboración con agentes extranjeros en Chihuahua amerita una investigación, deben explicar también qué hicieron, qué dejaron de hacer y qué responsabilidades podrían derivarse del acuerdo suscrito en Tamaulipas. La soberanía nacional no puede defenderse a conveniencia ni convertirse en una bandera que se levanta contra unos y se guarda frente a otros.
Cabeza de Vaca tiene mucho que explicar. Sus declaraciones, los acuerdos que firmó y los compromisos que asumió con agencias estadounidenses obligan a las autoridades a revisar el caso a fondo, sin privilegios ni excepciones.
Si de esa investigación surgen elementos para acreditar delitos, que se proceda en su contra. Y si existen responsabilidades por haber comprometido atribuciones del Estado mexicano, que se determinen y se sancionen. Porque la patria no es propiedad de un gobernador, ni la seguridad nacional un asunto que pueda negociarse a espaldas de las instituciones.
En conclusión, por sus dichos y sus actos, Cabeza de Vaca dede rendir cuentas. Además de los delitos que se le imputan, hay elementos y argumentos para que enfrente el delito más grave de los trae en contra: traición a patria.
