POR JUAN AMARO
1.-QUÉ INE DENUNCIARÁ A TADDEI Y FUNCIONARIOS POR POSIBLES DELITOS.
2.- SALEN 30 FUNCIONARIOS EN EL INE
3.- CONGRESO APRUEBA CAMBIOS A LEY DEL ISR.
4.- MONTIEL EXIGE A LA ASF QUE INVESTIGUE AL INE DESDE EL PASADO.
5.-QUE EL IETAM ACLARE CONTRATACIONES.
Resulta que el Instituto Nacional Electoral (INE) informó de la baja hasta el momento de 30 personas, incluidos 17 de la oficina de la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei -equivalente a por lo menos la mitad de este primer círculo- y el barrido es encabezado por el jefe de esta área, Carlos Daniel Luna Rosas. Las salidas incluyen a integrantes de Junta General Ejecutiva, instancia que agrupa a los principales funcionarios del Instituto, responsables de la maquinaria administrativa y jurídica, presidida hasta la semana antepasada por Taddei, y como segundo al mando, Roberto Félix López, quien hasta hoy permanece en esa posición. Entre quienes han despedido del INE o se han ido de manera voluntaria, se encuentran tres cargos de nivel directivo: José Alberto Pérez de Acha, Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y Sergio Uzeta Murcio, Coordinador Nacional de Comunicación Social. Además, se encuentra Alfonso Burciaga Esparza, de la Dirección de Recursos Materiales.
Interesante que el INE denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) de los posibles delitos penales cometidos en este órgano por la ex consejera presidenta, Guadalupe Taddei (cuya gestión fue del 3 de abril de 2023 al 26 de octubre de 2026), y cualquier otro funcionario que resulte responsable. Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, adelantó que el jueves, el Consejo General tomará acciones emergentes. Explicó que no se trata de investigar solo a una persona sino a varios funcionarios señalados de presuntas correspondientes. Si derivan en investigaciones y hay responsabilidades de cualquier funcionario o funcionaria que haya laborado o labora en el Instituto, es la autoridad competente la que podría determinar. Es en la generalidad, porque debe abarcar a cualquier colaborador que pueda estar con algún indicio o con algún señalamiento, porque pues hemos visto por ustedes medios de comunicación, incluso algunos trascendidos, pues que es más de una persona a la que puede estar señalada, también hay investigaciones abiertas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y por el Órgano Interno de Control (OIC), y tendrán que investigar
Bien que la Cámara de Diputados avaló los cambios del Senado a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que exenta a la industria automotriz y los expendedores de gasolina y diésel de los límites a la deducción fiscal, aprobados en octubre y que aplican a las grandes empresas. Con la modificación se dejó fuera a la industria automotriz terminal y a las gasolineras de un mecanismo de control de deducciones autorizadas y pérdidas fiscales, que tiene como límite 50 millones de pesos, al considerar que se trata de actividades que, por su naturaleza e importancia, requieren un tratamiento diferenciado.
Motivo de aplauso el que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, señale que la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, es indefendible ante los señalamientos de corrupción que la llevaron a dimitir Sin embargo, enfatizó que las indagatorias a ese organismo deben trascender la gestión de la ex funcionaria y extenderse a períodos anteriores. aseveró que la red de corrupción develada en el INE por el favoritismo a ciertos proveedores se tejió desde hace varios períodos, no tiene sólo que ver con estos momentos de quienes encabezaban el instituto.
Llama la atención que Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, señaló que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) debe aclarar si la contratación de casi 37 millones de pesos con Talleres Gráficos de México para la impresión de boletas electorales se realizó conforme a la ley. Y es que, sobre la falta de publicación del contrato y los señalamientos relacionados con esta adjudicación, el legislador señaló que debe revisarse el origen de los recursos y la legalidad del procedimiento mediante el cual se asignó el servicio.
