La reciente prisión preventiva dictada contra una prominente figura pública de Nuevo Laredo, por orden de un juez, nos recuerda que la justicia, aunque tarde, no olvida y el que la hace, la paga.
Este caso no es un hecho aislado. Es apenas el inicio, el primer hilo visible de una madeja mucho más amplia de presuntos manejos turbios durante el desempeño de la administración municipal. En específico, la adquisición de un terreno para la construcción de un centro de convenciones, a precios que —según señalamientos— estuvieron muy por encima de su valor real, plantea dudas que no pueden ignorarse.
Corresponde ahora a las autoridades competentes seguir la pista, investigar sin miramientos y llegar hasta las últimas consecuencias. La ciudadanía exige claridad, transparencia y castigo para quien haya cometido actos indebidos al amparo del poder público.
Por lo pronto, el sospechoso principal está tras las rejas. Sus cómplices, si los hay, ya figuran en la lista negra de la mirada pública. La pregunta inevitable es: ¿será el único implicado? ¿O hay más presidentes municipales bajo la lupa, esperando que se revele lo que por años permaneció oculto?
La justicia ha dado un paso. Falta ver si tiene la voluntad y la firmeza para recorrer todo el camino.
