Por Manuel Núñez
La reciente postura pública de la Lic. Tania Contreras López, presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, es una muestra clara de que los tiempos en que el silencio era sinónimo de sumisión han quedado atrás. En un contexto donde las redes sociales se han convertido tanto en espacio de información como en campo de batalla política, su decisión de fijar postura ante ataques mediáticos y defender su integridad profesional merece ser leída más allá de lo coyuntural.
Contreras López, electa con amplio respaldo ciudadano el pasado 1 de junio, ha sido blanco de una campaña de señalamientos carentes de sustento legal. Lo preocupante no es la crítica –sana y necesaria en democracia–, sino la tendencia a disfrazar la difamación como libertad de expresión. En su comunicado, la futura magistrada es categórica: ni la opinión pública ni el ejercicio periodístico deben convertirse en herramientas para mentir o dañar la dignidad de las personas.
Su actuar ante las denuncias penales habla también de un compromiso con la legalidad: se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la República, y tras una investigación, el 10 de julio dicha autoridad determinó el no ejercicio de la acción penal, al no encontrar elementos que acreditaran la existencia de delito alguno. Es decir, la ley habló, y lo hizo con claridad.
A partir del 1 de septiembre, Tamaulipas estará frente a una oportunidad inédita: la de construir un poder judicial que no solo administre justicia, sino que la encarne con transparencia, firmeza y vocación ética. Las palabras de Contreras López apuntan a ese horizonte: poner orden, terminar con la impunidad y enviar un mensaje claro a quienes medran en la oscuridad. Porque como ella misma afirmó: la luz de la verdad espanta a los que temen ser vistos.
La ciudadanía tamaulipeca tiene razones para exigir y para esperar. Y quienes aspiren a servir desde el poder judicial tendrán el deber –y el desafío– de estar a la altura de esa expectativa.
