En fecha 19 de agosto de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió la RECOMENDACIÓN No. 29/2020 SOBRE EL CASO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS A LA VIDA Y SEGURIDAD JURÍDICA DE VD, POR EL USO ILEGÍTIMO DE LA FUERZA PÚBLICA ATRIBUIDO A PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TAMAULIPAS, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD RÍO BRAVO, TAMAULIPAS, ASÍ COMO EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU MODALIDAD DE PROCURACIÓN, EN AGRAVIO DE VI1, VI2, VI3, VI4, VI5 y VI6.
En cumplimiento al punto cuarto recomendatorio atribuido al Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, y con apoyo en las medidas de satisfacción establecidas en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas, entre las cuales comprenden una disculpa pública por parte del Estado, sobre el hecho punible o violación de derechos, que incluyan el reconocimiento de los mismos y la aceptación de responsabilidades.
Es obligación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, garantizar las medidas señaladas en la Ley de la materia, sobre acciones irregulares derivadas del acto acontecido en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, donde, de acuerdo a las argumentaciones expuestas por la Comisión Nacional en la recomendación que nos ocupa, en el caso en específico, quedó de manifiesto el ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado, el cual, sólo debe ejercerse en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de ataques más graves que los dañen o pongan en peligro, lo que derivó en que la víctima fuera objeto del uso ilegitimo de la fuerza letal, por parte de elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas, hecho lamentable, que da origen al presente pronunciamiento.
En ese sentido el Gobierno del Estado de Tamaulipas, ofrece Disculpa Pública a las y los familiares de la víctima afectada, asumiendo el deber de garantizar las medidas de no repetición, sobre los hechos acontecidos en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas.
La presente Administración asume el compromiso ético, moral, jurídico y político de orientar la actuación de todo servidor público, para que su conducta sea llevada a cabo en el marco de respeto irrestricto de los derechos humanos, evitando por cualquier medio legal e institucional que sucesos similares al ocurrido se repitan.
